La denominada “mafia de los medicamentos” es una de las causas más complejas, mediáticas y resonantes de la última década. Desde el 2008, se investiga la venta de medicamentos adulterados, un delito del que fueron víctimas miles de afiliados a obra sociales sindicales. La causa involucra a dirigentes gremiales, empresarios farmacéuticos y varios funcionarios, un grupo que había sido sobreseído hace un tiempo. Pero un nuevo fallo ratifica las nulidades de estas actuaciones, por lo que se mantendrán dentro de la causa, elevada a juicio oral.

Según informa en su edición de hoy el diario BAE Negocios, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la nulidad de los sobreseimientos a ex funcionarios del gobierno nacional involucrados en la “mafia de los medicamentos”. Se trata de Héctor Capaccioli, ex jefe de la Superintendencia de Servicios de Salud; Hernán Diez, ex director de Lotería Nacional; y el ex legislador porteño Sebastián Gramajo, además del empresario farmacéutico Gabriel Brito. Todos ellos son investigados por el presunto delito de lavado de dinero en actividades en droguerías y laboratorios para financiar la campaña presidencial del Frente para la Victoria de 2007.

La Sala II de la Cámara Federal había declarado nulos los sobreseimientos firmados por Norberto Oyarbide, lo que provocó apelaciones de algunos de los acusados y sobre los cuales la Casación ahora consideró que son “inadmisibles”. El fallo fue firmado por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; en tanto que Ana María Figueroa se declaró incompetente.

En la causa fue apartado ya en 2014 por la Cámara Federal el juez Oyarbide, por considerarlo incompetente para investigar este hecho, el cual venía siendo seguido por su par Ariel Lijo.

En primera instancia, había sido Oyarbide quien sobreseyó a todos los acusados, lo que más tarde fue revocado por la Cámara Federal, y ratificado ahora por el más alto tribunal penal del país.

La causa por la “mafia de los medicamentos” investiga una asociación ilícita para la venta de fármacos vencidos o adulterados y por la cual estuvo detenido incluso el ex secretario de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola.

Según consta en la causa, por medio de Global Pharmacy, Brito aportó unos cheques por un monto de 310 mil pesos a la campaña kirchnerista de 2007, aunque el empresario lo negó y atribuyó esa maniobra a una estafa por parte de su par Néstor Lorenzo, titular de la droguería “San Javier”, y uno de los principales imputados en la causa.

Capaccioli, ex titular de la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud, era investigado por integrar esta asociación ilícita dedicada a vender medicamentos en forma irregular desde 2005, así como defraudar al Estado a través las tramitaciones irregulares de subsidios y reintegros de esa repartición.

Los imputados habían sido sobreseídos por el juez Norberto Oyarbide en marzo de 2014 en la causa en la que estaban acusados por lavado de dinero. Luego, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional declaró la nulidad de la sentencia con la que habían sido beneficiados los imputados.

Contra esa medida, Diez y Capaccioli recurrieron a la Casación que hoy declaró inadmisibles los recursos. En su voto, Borinsky, afirmó que resulta de aplicación al caso la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que "las decisiones que decretan nulidades procesales cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal, no revisten carácter de sentencia definitiva". Por lo tanto, no cumple con los requisitos para que el recurso sea admisible.



FUENTE: Mirada Profesional